Blanqueo de capitales, el silencio será complicidad.

Por Lucas Arzamendia y Leonardo Ortiz

Hace pocas horas los argentinos asistimos a una escena que hacía muchos años no veíamos. A algunos memoriosos nos remontó enseguida a la década del 90 y su crisis final. Después de casi una década recibimos un anuncio económico de parte la autoridad económica del país. Con las particularidades propias de este gobierno y en una clara intención demostrar consenso con respecto a la medida a exponer, la misma nos fue presentada por los 5 ministros de economía en las sombras que tenemos (tal vez debiéramos decir 4 ya que uno sabemos que se quiere ir).

Con atención escuchamos sus palabras. El objetivo declarado de las medidas a anunciadas es el fortalecimiento de las reservas del país y la reactivación del mercado inmobiliario. Ya desde el título el gobierno debió entregar una página del relato reconociendo un problema que hasta ahora ignoraba, la constante sangría de dólares que ni siquiera el cepo cambiario pudo frenar. Por otra parte dejo en off side a uno de sus bancarios de referencias, Carlos Heller, que en días anteriores había señalado que la contracción del mercado inmobiliario era una buena señal para la economía.

¿Cómo se lleva a cabo este objetivo? Según el planteo del gobierno a través de la vitalización de capital ocioso – términos del diccionario K para referir al blanqueo de plata negra-  y lograr así que dinero que está en el colchón de los argentinos pueda volcarse al mercado legal. A partir de allí se logra ver el sector hacia quienes está dirigida esta medida: aquellas personas que posean dinero en dólares y que no estén declarados legalmente. Tal como se encargó de aclarar el ministro de economía Hernán Lorenzino, no podrán entrar en este régimen fondos provenientes del lavado de dinero, del terrorismo, ni de la trata de personas. Asimismo tampoco podrán ingresar los funcionarios públicos ni aquellas personas procesadas por lavado de dinero o evasión fiscal. Pasemos ahora a desmenuzar este anuncio.

Veamos, ¿Quiénes son los beneficiados?  Los principales beneficiados con esta medidas son aquellas personas que se hayan dedicados los últimos años a actividades generadoras de fondos ilegales tales como la evasión fiscal, la elusión,  el cobro de coimas, etc. Si bien la ley dirá, cuando sea sancionada, que no pueden ingresar fondos provenientes del lavado de dinero ni de otras actividades ilícitas enumeradas taxativamente, surge la duda: ¿Cómo se verificará el origen de los fondos? Hasta lo que se sabe los dólares provenientes del lavado de dinero no tienen un lavarropas en el centro del papel moneda que generan, ni los dólares del terrorismo vienen con una foto de Bin Laden. Con lo sofisticado del sistema financiero mundial y abriéndole las puertas tanto a personas físicas como a personas jurídicas el origen de los fondos será virtualmente inverificable y, seguramente, se procederá a estimar su procedencia según declaración jurada del “blanqueador”. Primera conclusión: cualquier tipo de fondos generado en actividades ilícitas podrá ahora ingresar al mercado legal a través de estos instrumentos financieros, ya sea a través de sus verdaderos dueños, o a través de sendas personas interpuestas comúnmente conocidas como “testaferros”.

Ahora bien, si el dinero de cualquier origen podrá finalmente ingresar por esta vía, no se puede dejar de analizar el contexto en el que se da esta medida, y es la catarata de denuncias y actuaciones judiciales por lavado de dinero, cohecho y demás de las cuales está siendo blanco el hoy fallecido ex presidente Nestor Kirchner, sus empresarios amigos más allegados, Lázaro Baez y Cristobal Lopez, sus valijeros, y que hasta incluso podrían llegar hasta la actual presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Ante este panorama, encadenando la sucesión de hechos, no queda más que concluir una cosa: Este proyecto nace con nombre y apellido y se llama Lazaro Baez y todas aquellas personas que hayan generado fondos ilícitos en connivencia –y sociedad- con este gobierno. La presente medida no es más que un seguro de impunidad de los actuales inquilinos del poder.  Este anuncio no responde a la agenda del país que necesita urgentes medidas económicas que corrijan el actual rumbo sino que responde a la agenda del poder que busca garantizar impunidad para sus negocios sucios. Así como la democratización de la justicia busca someter a los jueces a la voluntad del gobierno de turno, el blanqueo de dólares negro busca cerrar los caminos legales que pudieran quedar para futuras investigaciones de corrupción en todos los niveles del gobierno y su red de empresarios amigos.

Asimismo, cabe preguntarse, tal como lo hicieron en la conferencia de prensa ante los 5 fantásticos de la economía, ¿Por qué ahora? Según el super secretario de comercio, por criterio de “Oportunidad, mérito y conveniencia”. Responder eso y nada es lo mismo. Sin embargo podemos ensayar una respuesta, sobretodo analizando el contexto internacional donde, a partir de maniobras de elusión impositiva en los países desarrollados, éstos han encarado acciones concretas en contra de los paraísos fiscales que podrían profundizarse en el corto plazo. ¿Será acaso que ahora que la justicia está bajo control es necesario reingresar fondos mal habidos? ¿Será que ahora es necesario darle un marco legal a miles de millones de dólares que estarían en efectivo en el propio territorio argentino y que ahora no puede fugarse a paraísos fiscales? La duda queda planteada.

Ahora, como comprobamos el resultado final de este análisis? Es muy fácil, ¿Si usted pagó sus impuestos y posee dólares, puede acceder a estos bonos que pagarán una rentabilidad de 4% semestral en dólares, tasa imposible de encontrar en el mundo? La respuesta es un NO rotundo, ese beneficio queda exclusivamente reservado para quienes quebraron la ley y generaron dinero sin haber cumplido con sus obligaciones impositivas.

Además, ¿Esta medida fortalece las reservas? NO nuevamente, ya que los dólares que ingresen por este mecanismo estarán virtualmente paralizados e indisponibles para el gobierno, ya que se ha impuesto un encaje del 100% (para legos: son dólares que así como entran a la bóveda del Banco Central, así deben quedar). Sólo engrosarán el número virtual de reservas, ya que, en los términos planteados, no podrán utilizarse, entre otras cosas, para cancelación de deuda externa o para afrontar una corrida cambiaria.

Finalmente queda preguntarse, ¿Quién en su sano juicio le prestaría plata a un estado al cual no le puede interponer medidas cautelares por más de 6 meses en el caso de que cambie subrepticiamente las condiciones de pago de los bonos dada la historia que tiene nuestro país? ¿Qué riesgos se están sopesando para someterse a la voluntad del estado en estos términos e ingresar en este blanqueo?

Una vez más los argentinos hemos asistido a una grandilocuente puesta en escena que sólo busca ocultar las grietas de un relato que se desmorona y generar una salida con impunidad de los actuales gobernantes y los amigos del poder. La velocidad del avance y la irracionalidad de las medidas que se presentan sólo demuestran el grado de desesperación de sus autores. Por su salvación y sostenibilidad en el poder ya han anulado el poder judicial y por las dudas, taparán sus rastros a través de la utilización del mercado de capitales que tan buenos resultados le ha dado a aquellos que, de manera fraudulenta, endeudaron al país del 76 a esta parte.

Una vez más la agenda del poder se impone ante la agenda del país, y el gran tema a tratar es la garantía de la impunidad. Pocas herramientas quedan para detener el tren de la corrupción: la acción de los legisladores en el Congreso, el valor de la Justicia y el ejercicio de la resistencia por parte de la ciudadanía. El silencio será complicidad y levantar la voz ante el atropello del poder un deber ciudadano.