domingo, 21 de julio de 2013

La democracia ¿Tiene precio?



En este año 2013 se cumplirán 30 años del regreso a la democracia. Hemos atravesado ya alrededor de 13 elecciones nacionales con sus correspondientes elecciones locales y provinciales. Es realmente un orgullo como argentino poder decir que soy hijo de esa democracia, que nací bajo un gobierno democrático y he vivido toda mi vida bajo el abrigo de la democracia. Creo que la mayoría de los argentinos nos enorgullecemos de este hecho y lo reivindicamos, después de largos años en donde la presencia de los golpes militares en la historia política era una constante.
Hemos avanzado mucho en estos 30 años y sin embargo queda tanto por recorrer. En esta oportunidad y ante la inminencia de un nuevo acto eleccionario, me ví interpelado por una realidad que va a contrapelo del orgullo que sentimos por este reverdecer democrático. A 30 años de haber vuelto a las urnas, en la mayoría de los distritos electorales hay que recurrir al pago de una contraprestación para poder garantizar que en el día de la elección las mesas cuenten con sus correspondientes autoridades de mesas y que así pueda asegurarse el normal desarrollo del acto eleccionario. ¿Qué nos pasa que estamos orgullosos de la democracia pero no somos capaces de brindarnos como instrumentos para sostenerla y garantizarla?
En una primera mirada como sociedad, vemos que en este caso pasa lo que en muchos otros: nos gusta disfrutar de nuestros derechos sin ningún tipo de contraprestación u obligación a cambio. En estos largos años hemos aprendido muy bien cuales son nuestros derechos, como defenderlos e incluso a marchar y protestar cuando alguien quiere quitárnoslos. ¿Pero que pasa con nuestras obligaciones respecto a dichos derechos? En ese momento se crea un gran silencio. A todos nos gusta y reivindicamos la educación gratuita, pero cuando llega la hora de pagar impuestos todos buscamos la forma de pagar lo menos posible y nos escudamos con variadas excusas. En el caso de las autoridades de mesa pasa lo mismo. Todos queremos la democracia, vamos a votar, pero nadie está dispuesto a sacrificar un día de su vida para que ese acto de votar pueda ser posible .
Ante este escenario ¿Cuál ha sido la respuesta de la clase política, responsable de garantizar que las elecciones se lleven a cabo? Han aplicado la misma lógica que han aplicado a toda la vida política, a las campañas y hasta a veces a las negociaciones políticas: la lógica capitalista. Hoy la democracia tiene un precio. En la provincia de Santa Fe se le abonará $300 a cada autoridad de mesa y $50 más si accede (como haciéndole un favor a la sociedad) a capacitarse para cumplir debidamente su labor. Con un promedio de 7650 mesas en toda la provincia y un costo de las dos elecciones de $700 por cada autoridad, y teniendo en cuenta que se nombrarán 3 autoridades por mesa, el costo de realizar la elección será de alrededor de $16.000.000 en nuestro distrito en este concepto. Señoras y señores he allí el precio de nuestra democracia. La democracia que se aplica en una sociedad en donde su escala de valores coloca en lo más bajo el compromiso ciudadano y le pone un precio a una carga pública.
¿Es la solución adoptada la única posible? Mi respuesta es NO. Es seguramente la más fácil, aprovechando que siempre un «mango» más al bolsillo viene bien. Es una mecánica perversa pero eficaz para conseguir el objetivo de poder desarrollar las elecciones en mediana normalidad (ya que decir que este mecanismo es eficas en un 100% es una falacia que se ha chocado contra la realidad que marca que, incluso pagando, mucha gente decide finalmente no presentarse), pero es un síntoma que revelador respecto a nuestro compromiso con la democracia que decimos querer y defender.
¿Que otro camino podríamos tomar ante este escenario? Mi primer respuesta y como política de largo plazo es la educación. Sólo mediante un sistema educativo que inculque valores democráticos, que enseñe tanto derechos como  obligaciones, tendremos en el futuro ciudadanos conscientes y comprometidos con la democracia. Seguramente en el futuro ellos no dudarán ante el llamado que haga la sociedad para contribuir con un día de sus vidas a mantener un sistema que, si no perfecto, por lo menos aceptado por todos, para elegir a quienes nos gobiernan. Y seguramente no necesitarán capacitación alguna, ya que la propia escuela los habrá preparado para ser autoridades de mesa, obligación que todos esperarán algún día de su vida poder cumplir. Sería este un gran paso en la democractización de nuestras vidas. Educar al futuro soberano en sus derechos y obligaciones, fomentar simulacros de votaciones donde pongan en práctica los conocimientos adquiridos y porque nó, profundizar la creación de centros de estudiantes en las secundarias elegidos democraticamente por el estudiantado, asumiendo desde temprana edad, en un ámbito acotado, las responsabilidades de llevar adelante una mesa electoral. Una utopía al alcance de la mano.
¿Y que podemos hacer en el corto plazo? Como siempre, exigir a quienes más tienen o más reciben en la sociedad. Un ejemplo claro de esto son los estudiantes universitarios. La UNR tiene alrededor de 74.000 estudiantes. La Universidad Nacional del Litoral, sólo en ingresantes, cuenta con alrededor de 10.000 alumnos. Todos ellos reciben una educación gratuita con ingreso irrestricto. No resulta una locura pensar que puede imponerse como carga pública, como contraprestación del estudiante universitario, el servir como autoridad de mesa en las elecciones cada dos años. No parece un «precio" muy alto para la educación de grado.
Asimismo, podría encararse por parte del estado una campaña continua para conformar un padrón de voluntarios para constituirse como autoridades de mesas. Este tipo de campañas deberán sostenerse durante todos los años, y no sólo durante los años electorales, para así poder llegar al número necesario para cubrir todas las mesas de votación. Incluso, en un principio, hasta podría pensarse en algún tipo de beneficio impositivo si se quisiera, pero no mucho más para no volver a caer en la misma lógica que se quiere desterrar.
Estas son sólo algunas ideas, lo que me parece que no puede dejarse de discutir es que tenemos una clara señal de que nuestro sistema democrático todavía debe fortalecerse. Somos concientes ya de que cada dos años debemos ir a votar y lo tomamos casi con naturalidad. Ahora debemos recorrer el camino para que el compromiso ciudadano con la democracia de un paso más y que la llegada del telegrama de designación como autoridad de mesa sea, de aquí a un futuro no muy lejano, un motivo de orgullo para el ciudadano.

jueves, 16 de mayo de 2013

Empalme Graneros: Las caretas caen solas ante una realidad que abruma








La situación vivida en Empalme Graneros, más precisamente en el predio que administra la Hermana Jordan, hace unos días era algo que tarde o temprano iba a suceder.
La ecuación estaba dada hace mucho tiempo. Bolsón de pobreza, marginalidad, punteros políticos actuando en la zona de manera clientelar, y un estado que hace años decidió no tener presencia en el barrio. Más aún, decidió retirar la poca presencia que tenía cuando se trasladó el dispensario  del centro del barrio para llevarlo a sus márgenes, cerca de la avenida Provincias Unidas. 
El plato estaba servido y los oportunistas decidieron probar su suerte. Para cuando llegó el Estado las cartas estaban jugadas y sólo la represión logró volver a una tensa calma. Cuando el Estado debe intervenir como titular del monopolio de la violencia es porque han fallado el resto de sus herramientas. En este caso incluso podría decirse algo aún más grave:  no fallaron sus herramientas, sino que deliberadamente se decidió no utilizarlas en Empalme Graneros librándolo a su suerte.
 La responsabilidad estatal es clara, ante la situación que se planteaba no se activaron los resortes necesarios para desarticular posibles situaciones violentas generadas por necesidades genuinas y oportunismos políticos. No se utilizó el aparato estatal para crear redes de contención social ni para generar salidas a situaciones de pobreza y marginalidad insostenible El gobierno socialista debió reprimir porque no supo gestionar.
La discusión sobre si se utilizaron postas de goma o de plomo quedará para otro debate sobre la preparación o no de las fuerzas de seguridad para intervenir en estos casos, lo que no podemos eludir es la pregunta que sobrevuela el barrio hace muchos años:  ¿Por qué el municipio no tiene un plan de intervención urbana en dicho sector de la ciudad?
Como primera respuesta los funcionarios han dicho que no pueden trazar la cuadricula regular de la ciudad en tierras inundables y que tampoco pueden ejecutar planes habitacionales por la misma razón.  Ahora me pregunto ¿No eran acaso inundables Arroyito y Alberdi hasta que se hicieron las obras necesarias para que las aguas no inundaran más dichos barrios?
Las zonas inundables se hacen habitables con obras y, si las obras no garantizaren la seguridad de la zona, es obligación del estado el arbitrar los medios necesarios para relocalizar a dicha población, ejecutar planes de vivienda y desactivar una bomba social a punto de estallar.
Las caretas caen solas ante una realidad que abruma. La evidencia señala claramente que el gobierno socialista decidió hace mucho tiempo no atender las necesidades de urbanización de Empalme Graneros y su población más postergada. Los hechos nos muestran que se ha dejado crecer los asentamientos de casillas rudimentarias en todo el cordón que está entre Av. Génova , Sorrento y el Ludueña sin ningún tipo de control por parte de las autoridades y sin siquiera ver medidas disuasorias ante dicho crecimiento.
Hoy es tarde. La situación ya explotó. Seguirá la administración socialista dándole la espalda a uno de los barrios más olvidados de la ciudad o finalmente aplicará la fuerza del estado para brindar soluciones a los más postergados de nuestra ciudad para encaminarnos hacia una ciudad que incluya a todos en su plan de desarrollo.
Cuando las desigualdades son muy profundas genera una violencia difícil de controlar y hoy Rosario ofrece en menos de 10 cuadras en la zona norte desigualdades socioeconómicas inaceptables en una sociedad civilizada. Sólo 10 cuadras separan un shopping de un comedor escolar al que asisten chicos con bajos niveles nutricionales. Sólo 10 cuadras separan casas de 300 mts. Cuadrados para familias de 5 personas de casillas de lata de 20mts cuadrados para contener a familias con 6 chicos. Sólo 10 cuadras, que marcan claramente quien tiene derecho a soñar y quien no en la ciudad de Rosario.

Nota de La Capital sobre la situación vivida.

miércoles, 8 de mayo de 2013

Blanqueo de capitales, el silencio será complicidad.


Por Lucas Arzamendia y Leonardo Ortiz

Hace pocas horas los argentinos asistimos a una escena que hacía muchos años no veíamos. A algunos memoriosos nos remontó enseguida a la década del 90 y su crisis final. Después de casi una década recibimos un anuncio económico de parte la autoridad económica del país. Con las particularidades propias de este gobierno y en una clara intención demostrar consenso con respecto a la medida a exponer, la misma nos fue presentada por los 5 ministros de economía en las sombras que tenemos (tal vez debiéramos decir 4 ya que uno sabemos que se quiere ir).
Con atención escuchamos sus palabras. El objetivo declarado de las medidas a anunciadas es el fortalecimiento de las reservas del país y la reactivación del mercado inmobiliario. Ya desde el título el gobierno debió entregar una página del relato reconociendo un problema que hasta ahora ignoraba, la constante sangría de dólares que ni siquiera el cepo cambiario pudo frenar. Por otra parte dejo en off side a uno de sus bancarios de referencias, Carlos Heller, que en días anteriores había señalado que la contracción del mercado inmobiliario era una buena señal para la economía.
¿Cómo se lleva a cabo este objetivo? Según el planteo del gobierno a través de la vitalización de capital ocioso – términos del diccionario K para referir al blanqueo de plata negra-  y lograr así que dinero que está en el colchón de los argentinos pueda volcarse al mercado legal. A partir de allí se logra ver el sector hacia quienes está dirigida esta medida: aquellas personas que posean dinero en dólares y que no estén declarados legalmente. Tal como se encargó de aclarar el ministro de economía Hernán Lorenzino, no podrán entrar en este régimen fondos provenientes del lavado de dinero, del terrorismo, ni de la trata de personas. Asimismo tampoco podrán ingresar los funcionarios públicos ni aquellas personas procesadas por lavado de dinero o evasión fiscal. Pasemos ahora a desmenuzar este anuncio.
Veamos, ¿Quiénes son los beneficiados?  Los principales beneficiados con esta medidas son aquellas personas que se hayan dedicados los últimos años a actividades generadoras de fondos ilegales tales como la evasión fiscal, la elusión,  el cobro de coimas, etc. Si bien la ley dirá, cuando sea sancionada, que no pueden ingresar fondos provenientes del lavado de dinero ni de otras actividades ilícitas enumeradas taxativamente, surge la duda: ¿Cómo se verificará el origen de los fondos? Hasta lo que se sabe los dólares provenientes del lavado de dinero no tienen un lavarropas en el centro del papel moneda que generan, ni los dólares del terrorismo vienen con una foto de Bin Laden. Con lo sofisticado del sistema financiero mundial y abriéndole las puertas tanto a personas físicas como a personas jurídicas el origen de los fondos será virtualmente inverificable y, seguramente, se procederá a estimar su procedencia según declaración jurada del “blanqueador”. Primera conclusión: cualquier tipo de fondos generado en actividades ilícitas podrá ahora ingresar al mercado legal a través de estos instrumentos financieros, ya sea a través de sus verdaderos dueños, o a través de sendas personas interpuestas comúnmente conocidas como “testaferros”.
Ahora bien, si el dinero de cualquier origen podrá finalmente ingresar por esta vía, no se puede dejar de analizar el contexto en el que se da esta medida, y es la catarata de denuncias y actuaciones judiciales por lavado de dinero, cohecho y demás de las cuales está siendo blanco el hoy fallecido ex presidente Nestor Kirchner, sus empresarios amigos más allegados, Lázaro Baez y Cristobal Lopez, sus valijeros, y que hasta incluso podrían llegar hasta la actual presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Ante este panorama, encadenando la sucesión de hechos, no queda más que concluir una cosa: Este proyecto nace con nombre y apellido y se llama Lazaro Baez y todas aquellas personas que hayan generado fondos ilícitos en connivencia –y sociedad- con este gobierno. La presente medida no es más que un seguro de impunidad de los actuales inquilinos del poder.  Este anuncio no responde a la agenda del país que necesita urgentes medidas económicas que corrijan el actual rumbo sino que responde a la agenda del poder que busca garantizar impunidad para sus negocios sucios. Así como la democratización de la justicia busca someter a los jueces a la voluntad del gobierno de turno, el blanqueo de dólares negro busca cerrar los caminos legales que pudieran quedar para futuras investigaciones de corrupción en todos los niveles del gobierno y su red de empresarios amigos.
Asimismo, cabe preguntarse, tal como lo hicieron en la conferencia de prensa ante los 5 fantásticos de la economía, ¿Por qué ahora? Según el super secretario de comercio, por criterio de “Oportunidad, mérito y conveniencia”. Responder eso y nada es lo mismo. Sin embargo podemos ensayar una respuesta, sobretodo analizando el contexto internacional donde, a partir de maniobras de elusión impositiva en los países desarrollados, éstos han encarado acciones concretas en contra de los paraísos fiscales que podrían profundizarse en el corto plazo. ¿Será acaso que ahora que la justicia está bajo control es necesario reingresar fondos mal habidos? ¿Será que ahora es necesario darle un marco legal a miles de millones de dólares que estarían en efectivo en el propio territorio argentino y que ahora no puede fugarse a paraísos fiscales? La duda queda planteada.
Ahora, como comprobamos el resultado final de este análisis? Es muy fácil, ¿Si usted pagó sus impuestos y posee dólares, puede acceder a estos bonos que pagarán una rentabilidad de 4% semestral en dólares, tasa imposible de encontrar en el mundo? La respuesta es un NO rotundo, ese beneficio queda exclusivamente reservado para quienes quebraron la ley y generaron dinero sin haber cumplido con sus obligaciones impositivas.
Además, ¿Esta medida fortalece las reservas? NO nuevamente, ya que los dólares que ingresen por este mecanismo estarán virtualmente paralizados e indisponibles para el gobierno, ya que se ha impuesto un encaje del 100% (para legos: son dólares que así como entran a la bóveda del Banco Central, así deben quedar). Sólo engrosarán el número virtual de reservas, ya que, en los términos planteados, no podrán utilizarse, entre otras cosas, para cancelación de deuda externa o para afrontar una corrida cambiaria.
Finalmente queda preguntarse, ¿Quién en su sano juicio le prestaría plata a un estado al cual no le puede interponer medidas cautelares por más de 6 meses en el caso de que cambie subrepticiamente las condiciones de pago de los bonos dada la historia que tiene nuestro país? ¿Qué riesgos se están sopesando para someterse a la voluntad del estado en estos términos e ingresar en este blanqueo?
Una vez más los argentinos hemos asistido a una grandilocuente puesta en escena que sólo busca ocultar las grietas de un relato que se desmorona y generar una salida con impunidad de los actuales gobernantes y los amigos del poder. La velocidad del avance y la irracionalidad de las medidas que se presentan sólo demuestran el grado de desesperación de sus autores. Por su salvación y sostenibilidad en el poder ya han anulado el poder judicial y por las dudas, taparán sus rastros a través de la utilización del mercado de capitales que tan buenos resultados le ha dado a aquellos que, de manera fraudulenta, endeudaron al país del 76 a esta parte.
Una vez más la agenda del poder se impone ante la agenda del país, y el gran tema a tratar es la garantía de la impunidad. Pocas herramientas quedan para detener el tren de la corrupción: la acción de los legisladores en el Congreso, el valor de la Justicia y el ejercicio de la resistencia por parte de la ciudadanía. El silencio será complicidad y levantar la voz ante el atropello del poder un deber ciudadano.